La solución de los conflictos mineros, en base al dialogo democrático, que permita beneficiar a todos los actores del desarrollo acordaron respaldar los alcaldes del país reunidos en Huancavelica en el Tercer Encuentro Nacional de Municipalidades, organizado por la Asociación de municipalidades del Perú, AMPE.

Los acuerdos en esta materia también se deben lograr preservando el medio ambiente, el uso racional y sostenible de los recursos naturales y respetando los derechos de la población, expresa la "Declaración de Huancavelica".

Más de cuatrocientos alcaldes y autoridades ediles reunidos en Huancavelica demandaron la promulgación del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos Indígenas y Originarios, previa opinión de las municipalidades y los gobiernos regionales.

Reclamaron concretar los planes de ordenamiento territorial locales y regionales, para el adecuado uso racional, equitativo y sostenible del territorio y los recursos naturales.

En el pronunciamiento mostraron su preocupación ante el anuncio presidencial de una nueva redistribución del canon minero y ratificaron la necesidad de aprobar una cuarta ley que ordene la transferencia de recursos, por incremento de tributos mineros, a las municipalidades y gobiernos regionales que no reciben canon ni regalías mineras.

Los alcaldes agrupados en la AMPE, presidida por César Acuña Peralta, reafirmaron su compromiso, para contribuir con la política de crecimiento con inclusión social mediante políticas y programas que fortalezcan y apoyen las iniciativas de emprendimiento familiar de las poblaciones urbanas y rurales del país, como sierra productiva.

Consideraron que se debe profundizar el proceso de descentralización democrática, que permita la participación real de la población y de los gobiernos municipales, como la institución del Estado que está más cerca de los ciudadanos.

En cuanto a las remuneraciones de las autoridades y funcionarios municipales, reiteraron su demanda de respeto a lo establecido a la ley orgánica de municipalidades y la derogatoria de las irregulares ley N°28212, Decreto Supremo N°025 y Decreto de urgencia N°038.

Plantearon que las normas de aprobación de los proyectos en el SNIP incorporen a los proyectos productivos y de emprendimiento, para darle coherencia a las políticas de inclusión social y económica.

Propusieron que la transferencia de los programas sociales a las municipalidades, se convierta en una oportunidad para la articulación y rediseño de los mismos, para su administración eficiente, precisando adecuadamente las funciones de los diferentes niveles de gobierno, y una proyección al emprendimiento con el desarrollo de capacidades, que permita mejorar las condiciones de vida de la población.

Anunciaron la presentación de un proyecto de ley para que los procesos de revocatoria se realicen por una sola vez y al tercer año de la gestión de los gobiernos municipales y regionales, para fortalecer la gobernabilidad respetando la voluntad democrática de la población.

Demandaron que se incremente a 24 UITs el monto mínimo del Foncomun para las municipalidades distritales, con la finalidad de contar con mayores recursos y mejorar los servicios a la población.

El documento será remitido al Presidente de la República, Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros y al Presidente del Congreso, informó el presidente de la AMPE, César Acuña Peralta.

“Nosotros podemos ayudar al Presidente a hacer realidad su promesa de la inclusión social, el gobierno tiene que transferir recursos a los gobiernos locales de lo contrario no podrá cumplir con ésta promesa”, indicó Acuña Peralta.

El alcalde provincial de Trujillo pidió al ejecutivo que los 3,000 millones de soles de las sobre ganancias mineras se redistribuyan a través de una ley que ordene la transferencia de estos ingresos a las municipalidades y gobiernos regionales que no reciben canon ni regalías mineras.

El presidente de la AMPE y alcalde provincial de Trujillo fue declarado huésped ilustre de Huancavelica, amigo y hermano de todos los alcaldes del país.

Lima, 3 de diciembre de 2011
Rocío Quispe García
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